Por: Franz Grover Choque Ulloa – Ex diputado y
constituyente electo en representación de Oruro
La Patria, Revista Dominical 26 de noviembre de 2017
Estamos ya en la recta final para las elecciones judiciales
del 3 de diciembre (3D), me pareció oportuno mirar algunos datos del primer
proceso llevado adelante el 16 de octubre del año 2011, posiblemente, la gente
ya no recuerde quienes fueron los seis preseleccionados como candidatos al
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), única circunscripción departamental hace
seis años: Ana Adela Quispe Cuba, Martha Echeverria Heredia, Eugenia Ramos
Catari, Ismael Fernández Cortez, Julio Huarachi Pozo y Rómulo Calle Mamani, al
igual que los otros candidatos se sometieron a la voluntad popular de 263.834
habitantes del departamento de Oruro, habilitados para votar en 1.252 mesas de
sufragio electoral agrupados en 328 recintos electorales, cuyos resultados los
hemos desagregado en un cuadro donde hacemos una suma de los votos blancos y
nulos, para que el lector pueda realizar un análisis más apropiado del
comportamiento del electorado
magistrados del TSJ teníamos dos columnas, una con la terna de postulantes
mujeres y otra con la terna de postulantes varones y el votante podía emitir
dos votos para esta instancia, única circunscripción departamental el 2011, hoy
en día el elector sólo tendrá derecho a un solo voto para elegir a la o al
magistrado del Tribunal Supremo de Justicia.
Pero no es el único cambio que se ve hoy con relación a las pasadas elecciones
judiciales de octubre de 2011, por ejemplo, hace seis años teníamos una
papeleta única conteniendo 74 candidatos en cinco columnas de diferentes
colores (columnas hasta de 28 candidatos que hacían muy difícil su
manipulación), para el 2017 se redujo a 32 candidatos y tendremos dos papeletas
una para circunscripción nacional y otra para circunscripción departamental,
como se puede ver en el siguiente cuadro también se incrementó de siete a nueve
la cantidad de autoridades electas en el Tribunal Supremo de Justicia y en el
Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), contrariamente, se redujo la
cantidad de autoridades electas de siete a cinco en el Tribunal Agroambiental y
de cinco a tres en el Consejo de la Magistratura, en pocos días se sabrá si
estos movimientos tácticos sirvieron para disminuir el rechazo a las actuales
elecciones judiciales:
nulos en la elección judicial del 2011, por eso, nos detuvimos a analizar el
comportamiento de estas dos opciones democráticas (voto nulo y blanco,
reconocidas en el Art. 161 de la Ley del Régimen Electoral), en efecto,
tomaremos muestras a las últimas seis Elecciones Generales realizadas en
nuestro País, donde observaremos cuál fue el porcentaje de votos blancos y
nulos, como se puede ver en el siguiente cuadro, el promedio en las seis
últimas elecciones generales de votos blancos es de 4,47% y de votos nulos es
de 2,98% porcentajes bajos por cierto, consiguientemente, la única forma de
comprender estos resultados con porcentajes elevados de votos blancos y nulos
(aproximadamente el 60%), es que la población boliviana rechazó esa forma de
preselección y elección de altas autoridades del órgano judicial, por causas
que más adelante describiremos:
Ahora bien, en esta línea de hacer comparaciones, tomaremos
los resultados del Tribunal Constitucional Plurinacional en el nivel
departamental y lo compararemos con los resultados en el municipio de Oruro,
para ver dónde se encuentra la mayor resistencia democrática, en el siguiente
cuadro se evidencia un comportamiento electoral de mayor rechazo en la ciudad
con un 60,21% frente a un 53,43% de rechazo en el resto del departamento de
Oruro, se constata que en las provincias del departamento aún se mantiene el
apoyo al partido gobernante.
La elección judicial del 2011 se tornó plebiscitaria por las
convocatorias y campañas del presidente Evo Morales por el «Voto Sí»,
en tanto que la población como una muestra de rechazo a los candidatos
seleccionados por los 2/3 del gobernante MAS se inclinó por el voto nulo y
blanco o definitivamente la gente prefirió no asistir a los recintos
electorales superando el 16% de abstencionismo. Esta vez el oficialismo y la
oposición están más cautos, parece que ninguno quiere volver plebiscitaria la
elección del 3 de diciembre.
El cuestionamiento de la población en la elección judicial
del 2011, estaba orientado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por considerarlo
un árbitro parcializado; el otro cuestionamiento estuvo dirigido a la Asamblea
Legislativa Plurinacional (ALP) debido al procedimiento de preselección
realizado, en donde muchos juristas meritorios e idóneos no fueron
preseleccionados y prefirieron mantener candidatos con vínculos con el partido
de gobierno y finalmente, el cuestionamiento al gobierno, el abuso de poder, el
despilfarro y la gestión ineficiente, como principales causas.
En mi condición de ex constituyente, considero que es
necesario abrir un debate serio para analizar cómo recuperamos la independencia
del órgano judicial, discutir, si se mantiene o cambia la actual forma de
elección de altas autoridades del órgano judicial y del tribunal constitucional
Plurinacional, incluso ir más allá, estar dispuestos a una reforma
constitucional para «atar» las manos de quienes detentan el poder y
no sean «seducidos» por los encantadores cantos de sirena, lo que
señala la doctrina es que la característica fundamental de un Estado
democrático de derecho es la independencia y separación de órganos, si no
existe esta condición, podríamos decir que vivimos en un estado democrático
aparente, hoy en debate.
El cuadro que presento a continuación representa la
«media» de los votos válidos, blancos y nulos obtenidos en las cuatro
instancias el año 2011: Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional
Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, muestra en
qué departamentos del país se dieron los mayores porcentajes de votos válidos,
blancos y nulos, (una especie de Rankin) también observamos que Oruro es el
penúltimo departamento en rechazar a los candidatos y el de mayor aceptación a
los candidatos de la papeleta de 2011 únicamente encima de La Paz:
Finalmente, hay que añadir que desde 2011 a la fecha, los
bolivianos no hemos visto un acontecimiento sorprendente, sobrenatural, sea
venido del órgano judicial o del gobierno nacional que pueda cambiar el curso
de la historia o que permita mejorar su perfil de cara al pueblo.
Al contrario, en los últimos seis años los conflictos
sociales se han agudizado y multiplicado, departamentos como Potosí se
movilizaron contra el gobierno por sus justas reivindicaciones regionales,
Oruro que se enfrentó al gobierno pidiendo que se respete a los personajes más
distinguidos de su historia, como es la defensa del nombre de «Juan
Mendoza» en el aeropuerto internacional de Oruro; el conflicto por los
resultados del censo y la redistribución presupuestaria y de escaños reclamado
por los departamentos que no son del eje de desarrollo; los conflictos desde
los sectores sociales que fueron en aumento, véase el conflicto por la
jubilación con el 100% de la renta, los enfrentamientos por la erradicación de
coca en Apolo, la marcha de los hermanos con capacidades diferentes, los paros
del sector Salud entre otros; el conflicto de los cooperativistas que cobró la
vida de cinco personas, entre ellas el viceministro Rodolfo Illanes, conflicto
de Enatex cuando los trabajadores de la ahora «cerrada» Empresa
Nacional de Textil, al menos 800 trabajadores demandaron con huelgas el respeto
a sus fuentes de empleo; el bloqueo del transporte pesado cuando miles de
camiones bloquearon los puntos fronterizos de Tambo Quemado, Matarani, Puerto
Suárez y Desaguadero en rechazo al sistema tributario y finalmente al margen de
los intentos de eternizarse en el poder del presidente, los últimos escándalos
de corrupción en Camce, Fondioc, YPFB, Banco Unión y el creciente narcotráfico,
hacen pensar que el comportamiento electoral de hace seis años podría repetirse
este 3 de diciembre.
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